Por: Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

La semana pasada, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el calendario para la dictaminación de 18 de las 20 iniciativas presidenciales^[1] presentadas el 5 de febrero de este año, con la intención de que sean aprobadas para la próxima legislatura, la cual inicia el primero de septiembre. Un hecho sorpresivo, pues después de las elecciones, tanto el presidente de la República como la virtual presidenta anunciaron como prioridades legislativas las reformas: al poder judicial, a la ley del ISSSTE, la pensión para mujeres de 60 a 64 años, la beca universal para educación básica y el fin a la reelección de personas legisladoras y titulares de alcaldías.

El proceso legislativo que seguiría de esta ruta recién anunciada una vez sean dictaminadas por la comisión respectiva, es someterlas al pleno de la Cámara baja y que éste las apruebe por mayoría calificada (⅔ partes de las y los presentes). De ahí, remitirse al Senado de la República para su desahogo. En teoría, en el Senado las minutas deberán ser turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación, y de ahí al pleno para su aprobación. La parada siguiente sería el envío a los Congresos estatales, pues al tratarse de reformas constitucionales se requiere que la mayoría de los estados las aprueben. Y finalmente, entrarán en vigor con la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al tratarse de una nueva legislatura, un elemento necesario es la integración de las comisiones legislativas con sus presidencias y mesas directivas. Normalmente estas definiciones ocupan el mes de septiembre. Por lo que probablemente cuando lleguen las minutas al Senado se propondrá que se dispensen los trámites y sean sometidas directamente al pleno para que estén resueltas en el último mes del actual gobierno, al menos las anunciadas como “prioritarias”.

¡Un verdadero descalabro! Sobre todo, porque varias de ellas representan importantes retrocesos, especialmente la iniciativa al poder judicial, la que propone la eliminación de varios órganos autónomos o las relativas a cambios en materia electoral, militar y penal, pues apuntan a la configuración de un nuevo régimen, uno que busca afianzar la concentración del poder en el Ejecutivo, disminuir al mínimo los controles y contrapesos democráticos y seguir profundizando la militarización del país.

Dadas sus profundas implicaciones, resulta sumamente cuestionable que se haya calendarizado su dictaminación sin abrirse un espacio de análisis que dé pie a una discusión pública amplia. Si bien los foros que transcurren sobre la iniciativa al Poder Judicial no constituyen ni de cerca un ejercicio efectivo de participación ciudadana^[2], eliminar la posibilidad de valorar el resto para su aprobación sin discusión da un mensaje que profundiza la preocupación sobre el carácter cerrado del llamado segundo piso de la cuarta transformación y anula la esencia deliberativa del Poder Legislativo.

Esta premura evidencia que el actual Ejecutivo Federal quiere dejar todo “listo” para el siguiente sexenio, sin que se pueda contraponer ninguna de las iniciativas de la virtual presidenta, ni mucho menos para que otros sectores sean escuchados realmente, hay mucha riqueza de soluciones a lo largo y ancho del país. Más cuando muchas de las propuestas no abordan planteamientos que permitan superar el fondo de las problemáticas de injusticia, impunidad, corrupción, desigualdades, violencias e inseguridad. ¡Lástima, la configuración del nuevo régimen debería ser resultado de un gran debate nacional!

#SinCuotasNiCuates

* Itzel es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. El Observatorio tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles, como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de derechos.

^[1] Para el caso de las iniciativas en materia político-electoral y de simplificación administrativa (eliminación de órganos autónomos y otros) el acuerdo refiere solamente que se “calendarizarán”. La sesión prevista para tal efecto será el 15 de agosto.

^[2] Ver: https://x.com/ItzelCheca/status/1803525140610949484

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